La realidad de los trabajadores temporales en España ha sido objeto de discusión durante muchos años, principalmente debido a la inestabilidad profesional y la ausencia de una respuesta satisfactoria por parte de las instituciones.
Los trabajadores interinos se encuentran con una situación de incertidumbre, debido a la temporariedad de sus empleos. A pesar de su esfuerzo y trabajo, siguen siendo considerados como personal temporal, sin una garantía definida de continuidad laboral.
A lo largo de los años, las administraciones del Estado han puesto en marcha múltiples estrategias para solucionar este tema. No obstante, gran parte de estas iniciativas no han logrado solucionar el conflicto de fondo, dejando los interinos continúen laborando en condiciones inseguras. El reciente "Icetazo", una de las medidas más importantes en este sentido, no ha logrado solucionar el problema en su totalidad.
Entre los aspectos cuestionados se encuentra la falta de claridad en los procesos de selección. Frecuentemente, se critica que los interinos tienen muchos años de experiencia, pero no tienen la posibilidad de convertirse en empleados fijos, lo que genera una sensación de frustración. Se ha denunciado que una parte significativa de los interinos están cubriendo puestos estructurales que, en realidad, deberían ser de carácter fijo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido un protagonista clave en la defensa de los derechos de los interinos en España. En sus sentencias, ha destacado que el abuso de la temporalidad en el sector público viola el derecho comunitario. A raíz de situación interinos en España estas resoluciones, las autoridades españolas han implementado modificaciones en sus políticas. Sin embargo, estos modificaciones aún no han sido suficientes corregir la situación.
Una reclamación clave del colectivo es el poco valor que se da a su trayectoria. Este colectivo se queja que, a pesar de su antigüedad, no se valora igual que a los empleados fijos.
Para muchos de los interinos, la mejor solución sería el nombramiento definitivo. Aunque, algunos sectores argumentan que priorizar a los interinos sin oposición abierta sería injusto, y que debe garantizarse la equidad de acceso para todos los ciudadanos.|Por otro lado, hay quienes piensan que una solución rápida podría comprometer el principio de justicia en el acceso a la función pública.}
En síntesis, el colectivo de interinos en España sigue padeciendo las secuelas de una deficiente gestión desde las autoridades, y urge implementar medidas contundentes. La estabilidad laboral de los interinos está en manos de las modificaciones que se pongan en marcha en los próximos años, así que será crucial ver cómo se desarrollan las políticas a este respecto.